August 19, 2017

Víctima de violencia doméstica enfrenta desalojo por HACLA

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Concejal indica que debido a una ley federal a esta madre no le alcanza para pagar el alquiler

Ana Cruz enfrenta una penalidad de 8 mil dólares para poder permanecer en su apartamento. (Jacqueline García)

Ana Cruz enfrenta una penalidad de 8 mil dólares para poder permanecer en su apartamento. (Jacqueline García)

Por: Jacqueline Garcia

Para Ana Cruz, de 40 años, el dolor de la violencia doméstica a manos de su expareja no terminó cuando éste se fue de la casa hace casi un año.

El hombre dejó de pagar el alquiler por un tiempo, lo que acarreó una deuda, y al irse, la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Los Ángeles (HACLA) — administradores del complejo— le dijo a Cruz que de no pagar, la iban a desalojar del apartamento, lugar donde ha vivido por nueve años.

El problema, dijo Cruz, es que desde hace siete meses no le aceptan el pago del alquiler. Explica que se le ha pedido que primero pague todo lo adeudado.

“Ayer fui a la corte y dijeron que debo pagar ocho mil dólares para el 8 de septiembre o me corren”, dijo esta madre, quien es indocumentada y tiene cuatro hijos.

Cruz es otra cara de los constantes desalojos que están ocurriendo en Mar Vista Gardens, un complejo habitacional de 601 apartamentos en la ciudad de Culver City.

Preocupada por su futuro, y el de sus hijos, Cruz se unió ayer en la entrada de Mar Vista Gardens a un grupo de activistas y al concejal del Distrito 11 Mike Bonin para denunciar a HACLA y pedir que detengan su desalojo.

El concejal Mike Bonin junto a Ana Cruz hicieron un llamado a HACLA para que detenga su desalojo. (Jacqueline García)

El concejal Mike Bonin junto a Ana Cruz hicieron un llamado a HACLA para que detenga su desalojo. (Jacqueline García)

Un llamado a la ciudad de Los Ángeles

Bonin dijo que la amenaza de desalojo de Ana Cruz es injusta e incorrecta.

“Somos una ciudad que sufre de una crisis increíble de indigencia. Hemos dicho en repetidas ocasiones que queremos solucionarlo… Si este desalojo avanza estaremos contribuyendo directamente [a la vida en las calles]”, dijo el concejal.

“Somos una ciudad que repite querer ser un lugar seguro y un santuario para los resientes sin importar el tipo de documentos que tienen… Si permitimos este desalojo estamos haciendo una promesa falsa”, agregó.

Por su parte, Daisy Vega —activista comunitaria de la organización Personas Organizadas por la Renovación de Westside (POWER) y quien también es residente de Vista Gardens— indicó que “cuando HACLA se enteró del problema doméstico de Cruz le dio la espalda”.

“[Cruz] pidió que la ayudaran y bajaran su renta pero las leyes federales del departamento de vivienda no lo permiten”, dijo Vega.

Ana Cruz enfrenta una penalidad de 8 mil dólares para poder permanecer en su apartamento. (Jacqueline García)

Ana Cruz enfrenta una penalidad de 8 mil dólares para poder permanecer en su apartamento. (Jacqueline García)

La activista también aseguró que el alquiler para los inmigrantes puede llegar a ser el doble ya que “estos reciben penalidades por ser indocumentados”.

“Cada año hacemos la renovación de contrato y ahí nos preguntan cuántos vivimos en la casa con y sin papeles”, dijo Vega. “Si hay indocumentados suben entre 150 a 200 dólares por persona [indocumentada]”, explicó.

Para calificar a una vivienda pública, programa conocido como Sección 8, al menos un miembro de la familia debe ser ciudadano de EEUU; es decir que pueden aceptar ‘familias mixtas’, según indica en su portal web.

No obstante, aquellas personas que tengan un estatus legal irregular no serán elegibles para recibir un subsidio completo. Por ello, el pago de su alquiler será directamente proporcional al número de miembros de la familia con estatus legal.

Ante ello, Bonin dijo que las leyes federales “injustas”, hacen que personas indocumentadas como Cruz sean arruinadas de diferentes formas.

Hasta hace poco Cruz enfrentaba un alquiler de $969 dólares y tuvo que sacar de su casa a su hija mayor de 21 años—quien también es indocumentada—para que le redujeran la renta, la cual bajó a $802.

Sin embargo, esta cantidad sigue siendo un gasto inalcanzable para Cruz ya que por ahora no trabaja porque debe cuidar de sus otros hijos pequeños y solo recibe $549 al mes por sus dos hijos menores, quienes son ciudadanos estadounidenses.

“Esperamos que la corte decida que ella no debe pagar lo adeudado [$8,000]… Aunque HACLA dice que debido a su ingreso, aunque sea con el perdón de la deuda pasada, no le permitirá vivir ahí debido a la ley federal”, dijo Bonin.

Cruz dijo que peleará hasta el último momento por permanecer en su hogar puesto que ella no tiene ningún familiar en este país.

La Opinión intentó obtener una respuesta de HACLA pero al cierre de esta edición, no se obtuvo respuesta.